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Departamento de Justicia anuncia más de $98 millones a programas policiales en todo el país

En aras de mejorar la seguridad comunitaria y para alentar la cooperación con los agentes de Inmigración, diversas ciudades de estados como California, Florida y Nueva York recibieron más de $98 millones de dólares en fondos federales para mejorar sus programas de contratación y capacitación de policías, informó este lunes el fiscal general, Jeff Sessions.

El Departamento de Justicia divulgó hoy la lista de 179 agencias policiales que recibieron un total de $98,495,397 en todo el país, que permitirá la contratación de 802 agentes policiales, según precisó Sessions.

Los fondos, derivados del programa de la “Oficina de Servicios Policiales Comunitarios” (“COPS”, por su sigla en inglés), facilitarán la contratación de policías, la implementación de “innovadoras estrategias policiales”, y más y mejor capacitación y asistencia técnica para miembros de la comunidad, y líderes de los gobiernos locales, explicó Sessions.

“Las ciudades y estados que cooperan con las autoridades policiales federales nos han hace más seguros a todos al ayudar a eliminar a criminales peligrosos de nuestras comunidades”, enfatizó el fiscal general.

Según un desglosado oficial, ciudades y entidades policiales de California recibieron poco más de $4,1 millones, incluyendo $1,8 millones para el Departamento de Policía de Sacramento, y un millón para el Condado de Alameda.

En Nueva York, la ciudad de Massena, y el Departamento de Policía de la Ciudad Johnson recibieron, cada uno, $250,000, y figuran entre los que menos fondos recibieron del Departamento de Justicia para estas lides.

En Florida, la ciudad de Miami, recibió $1,8 millones, y una cifra similar fue para la ciudad de Orlando; el Condado Metropolitano Dade recibió $3,1 millones, y la Oficina del Alguacil del Condado Orange, recibió $3,1millones, entre otras entidades.

La ciudad de Chicago recibió $3,1 millones, mientras que la Oficina del Alguacil del Condado Essex, en Nueva Jersey, recibió $1,8 millones.

Asimismo, las municipalidades de Caguas y Vega Baja, en Puerto Rico, recibieron $405,581 y $137,476, respectivamente.

Sessions, quien le ha declarado la guerra a las “ciudades santuario”, dijo que el 80% de los beneficiados con los fondos de “COPS” han acordado cooperar con las autoridades federales en el cumplimiento de las leyes migratorias.

Esa “cooperación”, continuó Sessions, incluye el proveer acceso a los agentes federales a los centros de detención para “entrevistar” a inmigrantes indocumentados, y dar aviso previo a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) antes de dejar en libertad a un detenido para su eventual trámite de deportación.

“Sigo alentando a cada jurisdicción en EEUU a que colabore con las autoridades policiales federales” en el combate “a los crímenes violentos, incluyendo los crímenes violentos derivados de la inmigración ilegal”, dijo Sessions.

El programa, modificado en septiembre pasado para premiar a las jurisdicciones que cooperen con ICE, ha desembolsado más de $14,000 millones para programas policiales comunitarios desde 1994, según el Departamento de Justicia.

Fuente: laopinión.com

Lastimarse en el trabajo pondría a inmigrantes indocumentados en riesgo de deportación

Una orden ejecutiva migratoria del presidente Donald Trump, acoplada a ciertas leyes estatales, daría luz verde a la delación y deportación de trabajadores indocumentados que sufran lesiones en el trabajo y soliciten beneficios de compensación laboral,  advirtieron este jueves activistas.

La orden ejecutiva del pasado 25 de enero permite que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) persiga a inmigrantes indocumentados implicados en cualquier tipo de “fraude” –incluyendo el uso de documentos falsos y reclamos con documentos falsos-, por lo que agencias estatales encargadas de procesar beneficios de compensación laboral podrían denunciarlos ante las autoridades de Inmigración.

“Acá vemos muchos casos de robo de salario, accidentes laborales, y otras formas de injusticia contra los trabajadores. Muchos se callan cuando sufren lesiones por temor, porque sus empleadores les dicen que son amigos del presidente (Donald) Trump y, aunque no lo sean, eso los intimida”, dijo a este diario Jeanette Smith, directora ejecutiva del “South Florida Interfaith Worker Justice” (SFIWJ, en inglés).

La orden ejecutiva “ciertamente va a agravar una situación ya de por sí mala en Florida”, advirtió.

En la mayoría de los casos, los formularios de compensación laboral en las agencias estatales o consultorios médicos exigen la presentación de un número de Seguridad Social, lo que aumenta el riesgo de que los inmigrantes indocumentados queden expuestos a la delación o represalias.

Ese fue el caso de José Flores, un inmigrante hondureño indocumentado que fue arrestado por ICE en Massachusetts en mayo pasado después de que sufriera una caída y solicitara compensación de la empresa de construcción, Tara Construction, para la que trabajaba.

Paradójicamente, leyes estatales en Massachusetts y la mayoría de los estados, además de varios tribunales federales, han reafirmado el derecho de todo trabajador a ese beneficio, sin importar su estatus migratorio.

Datos del Departamento de Seguridad Nacional indican que los trabajadores indocumentados conforman el 3,5% de la población en Estados Unidos, y en estados como California son el 10% de su fuerza laboral.

En general, se calcula que hay ocho millones de trabajadores indocumentados en la fuerza laboral de Estados Unidos.

Sin que sorprenda, varios estudios han demostrado que los trabajadores indocumentados figuran entre los grupos más vulnerables a lesiones en los sitios de empleo, particularmente en sectores de la economía que más dependen de su mano de obra, como agricultura, construcción y servicios.

En el año fiscal 2015, Florida, Texas y California encabezaron la lista de estados con mayores accidentes laborales. Ese año, hubo un total de 4,836 accidentes mortales en sitios de empleo en todas las industrias, según un estudio de SFIWJ, que usó datos del Departamento del Trabajo.

¿Los protege la ley?

Las leyes federales prohíben la contratación de inmigrantes indocumentados, so pena de multas y fuertes sanciones para las empresas.

Valiéndose del “Acta para la Reforma y Control de Inmigración” (IRCA, por su sigla en inglés), algunos empleadores han intentado privar a empleados indocumentados de una compensación laboral por sus lesiones, argumentando que éstos no son legales y, por lo tanto, no son elegibles para ese beneficio.

Sin embargo, la mayoría de los estados, incluyendo Arizona, Arkansas, California, Colorado, Carolina del Norte, Tennessee, Texas y Hawaii, han adoptado leyes que expresamente permiten a los trabajadores “sin papeles” el derecho a la compensación laboral, conocida en inglés como “workmans compensation”.

Pero los hay que, según Smith, “tratan a los trabajadores indocumentados como desechables, porque piensan que pueden reemplazarlos fácilmente con otros”.

“Hay empleadores que abusan de sus trabajadores, que los intimidan y privan de sus salarios o beneficios, pero esa ganancia es poca y breve, porque deberían pensar en el gasto de capacitar a otros empleados, y en el impacto en la moral de los trabajadores”, señaló Smith, que recetó una reforma migratoria integral que regularice a los indocumentados y “nivele la cancha de juego” para todos los trabajadores.

Cortesía de laopinion.com

ICE ha deportado a más de 170,000 inmigrantes indocumentados en lo que va del 2017

La Oficina de Inmigración y Aduanas ha deportado a más de 170,000 inmigrantes indocumentados en lo que va del año fiscal 2017, que comenzó en octubre pasado, aunque las cifras propiamente bajo la Administración Trump muestran fluctuaciones que no son radicalmente distintas a las del año pasado.

Trump ha dicho que el número de cruces ilegales por la frontera sur ha bajado en casi un 70%, pero las cifras de arrestos y deportaciones divulgadas hoy de forma preliminar por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ofrecen una fotografía más compleja de lo que pinta su Administración.

Es que, según las cifras entre el 1 de octubre de 2016 y el pasado 30 de junio, ICE deportó a 171,399 inmigrantes indocumentados, y realizó 102,399 “arrestos administrativos”.

Las dos cifras son separadas y abarcan los últimos cuatro meses de la presidencia de Barack Obama.
Es decir, sumando sólo las cifras de deportaciones entre febrero y junio, ya con Trump en el poder, el total es de 84,473, mientras que el total de “arrestos administrativos” es de 65,426.

Las áreas que registraron deportaciones de al menos 10,000 personas incluyeron San Antonio, El Paso y Houston, en Texas; Phoenix (Arizona), y San Diego (California), según el desglosado.

En cambio, entre enero y junio del año fiscal 2016, el total de deportaciones de ICE fue de 121,170, según un análisis de este diario.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), David Lapan, dijo hoy a los periodistas que las cifras fluctúan de un mes a otro debido a varios factores, incluyendo un descenso en el número de cruces ilegales y que hay retraso entre una orden de deportación y su implementación.

La sopa de números no incluye las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), que sólo se enfocó en las estadísticas de julio.

Tanto la CBP como ICE divulgan un informe completo y detallado poco después de concluir cada año fiscal.
En el año fiscal 2016, que concluyó en septiembre pasado, ICE deportó a 240,255 inmigrantes indocumentados, un incremento del dos por ciento sobre el año fiscal 2015 y del 24% respecto al año fiscal 2014.

Más arrestos en la frontera en julio
Por su parte, la CBP dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a 18,198 inmigrantes indocumentados en la frontera del suroeste el mes pasado, o un aumento del 13% respecto a junio, en lo que supone el tercer mes consecutivo de un aumento en esas cifras.

Según la CBP, el número de niños no acompañados arrestados por los agentes fronterizos registró un aumento del 27% respecto a junio, mientras que el de unidades familiares aumentó en 46%, lo que podría disparar también las demoras en los tribunales de Inmigración.

Mientras, agentes de la CBP rechazaron el paso a 6,833 inmigrantes considerados “inadmisibles” cuando se presentaron por un puerto de entrada al país.

Las cifras de inmigrantes arrestados y de aquellos rechazados, por un total de 25,031, representan en su conjunto un alza del 16% respecto a junio pasado.
Aunque normalmente las altas temperaturas desalientan los cruces ilegales, el aumento del mes pasado bien podría sugerir que los logros que ha destacado la Administración Trump en el combate a la inmigración ilegal en la frontera sur han comenzado su declive.
Sin embargo, Lapan no pudo precisar a qué se debe el aumento de arrestos en la frontera sur el mes pasado.
“Restablecimiento del orden”.

Por su parte, el Departamento de Justicia dijo en un comunicado que la Administración Trump ha restablecido “el imperio de la ley” en los últimos seis meses y que, gracias a su orden ejecutiva migratoria del pasado 25 de enero, el número de órdenes de deportaciones ha aumentado en casi un 31%.

Entre febrero y el pasado 31 de julio, las autoridades federales emitieron 57,069 órdenes de deportaciones y salidas “voluntarias” de EEUU, en comparación con las 43,595 que hubo durante el mismo periodo en 2016, según el Departamento de Justicia.

Sin embargo, las órdenes de deportación no necesariamente reflejan el número total de personas deportadas, debido a que normalmente toma tiempo procesar su expulsión.

Del total de órdenes de deportaciones, 49,983 fueron por órdenes de un juez, o un incremento del 27,8% sobre el mismo periodo en 2016, y el resto fueron salidas “voluntarias”.

Los jueces de inmigración también aumentaron las órdenes de deportación finales, con las que normalmente dan por cerrado un caso
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Desde febrero pasado, esa cifra totaliza 73,127, o un incremento de casi el 15% respecto al total de 63,850 del mismo periodo el año pasado.

La orden ejecutiva estipula la contratación de más jueces para agilizar la revisión de casos pendientes y las deportaciones.

Para cumplir con esa meta, la agencia liderada por el fiscal general, Jeff Sessions, ha contratado a 54 jueces adicionales desde enero pasado, y también ha desplegado a más de un centenar de jueces a centros de detención de inmigrantes en todo el país.

El futuro de DACA corre peligro y estaría en manos de las cortes

El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, afirmó el miércoles al reunirse con líderes del Caucus Hispano del Congreso su apoyo a “DACA”, y aunque no tiene planes de anular o cambiarlo, sí advirtió de que el futuro del programa migratorio para jóvenes indocumentados corre peligro y podría quedar en manos de los tribunales.

Kelly se reunió con el CHC en un encuentro a puerta cerrada y de más de una hora, que abarcó asuntos como el programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, las deportaciones de inmigrantes no criminales, y el futuro del programa de “Estatus de Protección Temporal” (TPS) para Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Kelly no ofreció declaraciones a la prensa a la salida, pero un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), David Lapan, dijo que el funcionario trasladó al CHC el mensaje de que el Congreso es la “clave” para una solución permanente respecto al “DACA”, que ha dado cobijo a cerca de 800,000 jóvenes indocumentados desde 2012.

Kelly “indicó su apoyo al DACA como lo ha hecho en el pasado. Repitió su postura de que el Congreso es la fuente de una solución a largo plazo para DACA”, y señaló que en septiembre las cortes podrían estudiar el asunto si surge una demanda, precisó Lapan.

Kelly ha discutido DACA con abogados dentro y fuera del Departamento de Justicia “y la mayoría cree que DACA, tal como existe, no es legalmente sostenible” y también lo ha discutido con el secretario de Justicia, Jeff Sessions, subrayó Lapan.

Lapan no ofreció detalles de las reuniones con Sessions, aunque precisó que Kelly no tiene claro cuál será la posición de la Administración Trump, o si defenderá o no el programa creado por el gobierno de Barack Obama.

Lapan dejó en claro que “ahora mismo no hay un plan para anular o cambiar lo que estamos haciendo con DACA… siempre ha habido la preocupación de que si DACA es impugnado en los tribunales, que no podría superar eso y, si es así, entonces DACA” dejaría de existir.

Kelly se refería a que una coalición de una decena de estados, liderada por Texas, ha amenazado con entablar una demanda contra DACA si la Administración Trump no anula el programa a más tardar el próximo 5 de septiembre, y deja de extender permisos a futuro.

Esa coalición es la que también impugnó los alivios migratorios de noviembre de 2014, que se encuentran congelados en los tribunales. La idea es añadir DACA a esa demanda en el litigio pendiente en Texas.

Lejos de cumplir su promesa electoral de desmantelar “DACA”, Trump lo mantiene en pie y ha dicho que quiere una solución “con corazón” para los jóvenes indocumentados.

Sobre el TPS, Lapan dijo que Kelly volvió a repetir su postura de que, en el caso de Haití, las condiciones que justificaron el programa para el país caribeño se han resuelto en su mayor parte, aunque estudiará una extensión en enero próximo.

Por ahora, Kelly no está listo para tomar una decisión respecto a renovar o cancelar el TPS para El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Kelly reconoció que se trata de un asunto “muy difícil” para los países centroamericanos, según Lapan, quien destacó que, en todo caso, se supone que el TPS es un programa temporal.

Sobre las deportaciones y el hecho de que ahora todo indocumentado queda sujeto a la expulsión –alejando la práctica de la “discreción procesal”- Lapan insistió en que Kelly tiene la obligación de hacer cumplir las leyes de inmigración.

Kelly explicó al CHC que aunque el DHS se centra en inmigrantes indocumentados con antecedentes o condenas carcelarias, “no vamos a ignorar a otros individuos que posiblemente estén en el país ilegalmente, pero esos individuos son sometidos al sistema de justicia legal y el tribunal decide” sobre su deportación, afirmó Lapan.

Versión del CHC

El encuentro con Kelly suscitó versiones distintas sobre su contenido: mientras su oficina quiso poner un tono optimista a la reunión, varios líderes demócratas el CHC, entre ellos Luis Gutiérrez, y Raúl Grijalva, expresaron alarma y confusión.

“Creo que tenemos que prepararnos para lo peor y alistarnos para luchar contra la deportación masiva. Nos presentamos en los aeropuertos para luchar contra la veda a musulmanes y refugiados y ahora los Dreamers y la gente que ha vivido legalmente acá por décadas con el TPS están en peligro inminente”, advirtió Gutiérrez.

Por su parte, Grijalva calificó el encuentro como “decepcionante e intencionalmente confuso” porque, a su juicio, Kelly contestó con evasivas, o no se comprometió a dar una postura “legal o legislativa” sobre el futuro de DACA y el TPS para centroamericanos.

“Si esta reunión con el secretario Kelly indica algo, la Administración Trump seguirá pintando a los inmigrantes como criminales que necesitan ser deportados”, dijo Grijalva en un comunicado.

Nueva ley protegerá la privacidad de los inmigrantes en Oregon

El senado del estado de Oregon aprobó el jueves, el proyecto de ley HB 3464, el cual protegerá la privacidad de los inmigrantes.

La ley HB busca proteger la privacidad de las personas en Oregon limitando el tipo de información que agencias públicas recopilan, como el estatus migratorio de una persona.

HB 3464 también proporcionará dirección y procedimientos muy necesarios por parte del Procurador General de Oregon para las escuelas, clínicas de salud y otras entidades públicas y servicios sobre cómo manejar las solicitudes de información del gobierno federal.

Los Representantes Demócratas Latinos, Teresa Alonso León y Diego Hernández, han sido los principales impulsores de esta propuesta de ley que protegería a las comunidades vulnerables.

“Esta ley es una ley que ayuda a todo el mundo de nuestro estado. Clarifica que tipo de información uno debe de tener o distribuir cuando viene inmigración preguntando por información,” dijo sobre la ley Alonso León.

HB3464 también serviría como una guía para que instituciones públicas adopten políticas que clarifiquen la clase de información y bajo qué circunstancias se puede compartir con agentes migratorios.
“Tenemos esperanza porque tenemos los suficientes votos para que pueda pasar esta ley,” dijo Hernández.

La propuesta de ley conto con el respaldo total de la gobernadora Kate Brown y la fiscal general de Oregon.

“Sentimos emoción sabiendo que tenemos el apoyo de personas importantes y que juntos tenemos mucho poder para poder luchar para nuestras comunidades,” finalizo Alonso León.

Trump pide mano dura contra inmigrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó a los legisladores en la Cámara de Representantes a adoptar leyes que luchen contra la inmigración ilegal, luego de reunirse con familiares de estadounidenses asesinados por extranjeros.

El encuentro en la Casa Blanca busca el apoyo para la consideración esta semana de dos proyectos de ley que buscan incrementar las penas a criminales convictos por re-ingresos ilegales a territorio estadounidense, y el otro recortar fondos federales a ciudades que sirven como santuarios para inmigrantes indocumentados.

Durante la reunión se escucharon dramáticos testimonios de hechos violentos, como el caso de Laura Wilkerson cuyo hijo tenía 18 años cuando fue asesinado. “Mi hijo murió en Noviembre de 2010 a manos de alguien que no debería haber estado en este país,” dijo esta madre.

Dan Golvach compartió su dolor recordando que su hijo murió baleado. “El asesino había sido deportado cuatro veces y tenía un amplio historial criminal. Había conseguido la pistola que usó para asesinar a mi hijo en un robo dos semanas antes” , dijo Golvach.

Otro caso fue relatado por Juan Piña, aún sin comprender las razones de la tragedia que le tocó vivir. “Mi hija, Christy Sue Piña, fue estrangulada, apuñalada, violada y su cuerpo desnudo fue tirado en un campo de alcachofas en el medio del invierno”, dijo Piña a tiempo de mencionar que este mismo victimario estaba vinculado al caso de otra niña de catorce años en 1987.

Piña como los otros familiares destacaron que sus seres queridos estarían vivos si sus asesinos hubieran sido encarcelados o deportados.

El presidente Donald Trump reiteró durante el encuentro que las fuerzas policiales están trabajando con celeridad para deportar a los criminales extranjeros y a miembros de pandillas.

“Son malas personas y ya tenemos a muchos de ellos, estamos cerca del 50%,” afirmó el mandatario añadiendo: “Estamos liberando nuestras ciudades”.

Las duras posturas sobre inmigración ilegal del presidente Trump provocan oposición en muchos estadounidenses quienes la califican como divisoria, discriminatoria, inconstitucional y dañina para la economía de Estados Unidos.

Tal el caso de Mimi Marziana, de la Organización No Gubernamental en Texas “Proyecto por los Derechos Civiles”, quién sostiene que estos proyectos de ley llevan a la destrucción de familias.

“Nuestra ONG irá a la Corte y le diremos al Juez que esta ley es discriminatoria y que la rechazamos, porque hará que nuestras comunidades sean más inseguras,” afirmó Marziana.

Por su parte, el director de Inmigración y Aduanas, Thomas Homan, dijo a periodistas que ningún inmigrante ilegal debería “estar cómodo” en Estados Unidos.

“Hay que disipar esta idea de que se puede violar la ley en este país y esconderse – que eso está bien,” dijo Homan.

El gobierno de Donald Trump ha dicho que son necesarias leyes de inmigración más duras para cerrar los vacíos legales que las pandillas criminales usan para contrabandear drogas a Estados Unidos, reclutar nuevos miembros y saquear las ciudades estadounidenses.

Victoria para Trump: Corte Suprema revive el veto migratorio que restringe la entrada a países musulmanes

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó examinar el controvertido decreto migratorio del presidente Donald Trump, que impide la entrada a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.

La máxima instancia judicial estadounidense también tomó la decisión de permitir la entrada parcial en vigor de la medida, lo que supone una victoria para el mandatario republicano, quien la ha defendido reiteradamente por motivos de seguridad nacional pese a las críticas.
El máximo tribunal dijo que escucharía durante el próximo período de actividad de la corte, que comienza en octubre, los argumentos sobre la legalidad de uno de los decretos más controvertidos firmados por Trump en sus primeros meses de Gobierno.

Los jueces atendieron parte del pedido de emergencia del Gobierno para poner en vigencia inmediatamente el decreto del 6 de marzo, mientras continúa la batalla legal.

La corte dijo además que permitiría que entre en vigencia parcialmente una prohibición de 120 días para que cualquier refugiado entre en Estados Unidos.

Tres de los jueces conservadores de la corte dijeron que habrían accedido a todo el pedido de Trump, entre los que se incluye al magistrado Neil Gorsuch, quien recientemente fue nombrado por el mandatario.

Con información de AFP y Reuters

Crean una cumbia para ayudar a indocumentados a conocer sus derechos

Desde que Donald Trump tomó las riendas de la presidencia de Estados Unidos, el tema de la deportación masiva de inmigrantes a su país de origen sigue el siendo el pan de cada día en la mayoría de los estados.

Tristemente, hay muchos casos en donde las autoridades no respetan y violan los derechos básicos que tiene cualquier persona indocumentada.

Ante esta situación, un empleado de Unite Here, un sindicato que tiene registrados a más de 270.000 empleados en todo EEUU y Canadá, ha decidido aportar su granito de arena para defender a los más desportegidos, creando un ringtone a ritmo de cumbia, el cual habla de los derechos que tienen todos los inmigrantes para así tratar de evitar los abusos por parte de las autoridades.

“Con la migra tienes derecho a no firmar nada y no decir nada”, es algo de lo que se puede escuchar en esta pegajosa e ingeniosa canción.

Trump elimina DAPA, pero mantiene DACA para los “dreamers”

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos decidió rescindir la acción diferida que beneficiaba a los padres indocumentados de hijos con ciudadanía o residencia permanente (Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents, DAPA, por sus siglas en inglés), pero que nunca llegó a implementarse.

En cambio, Trump cambió su postura sobre los “dreamers”, a los que había prometido deportar durante la campaña electoral, y mantendrá el programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). De este modo, aquéllos que están ahora inscritos en el programa podrán renovarlo cada dos años.

DACA beneficia a unos 800 mil inmigrantes.

El fin de DAPA

El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, anunció en un comunicado que se ponía fin inmediato al memorando de noviembre de 2014, por el cual la administración del presidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) eximía temporalmente de la deportación a padres de hijos regularizados.

La acción diferida para padres está bloqueada por los tribunales estadounidenses desde 2015 y lo que hoy el Departamento de Seguridad Nacional anunció es que no “litigará” más para defender la puesta en marcha de esta medida de alivio migratorio.

No obstante, el programa que protegía de la deportación a niños que habían llegado a Estados Unidos ilegalmente cuando aún eran pequeños desde antes de enero de 2010 (DACA) seguirá en marcha.

Según un estudio del Migration Policy Institute, unos 3,6 millones de indocumentados podrían haberse beneficiado por la acción diferida para padres indocumentados de estadounidenses o residentes permanentes, conocida por las siglas DAPA.

El presidente estadounidense Donald Trump ha tomado una línea dura con la inmigración indocumentada desde que llegó al poder en enero.

Trump ordenó aumentar la seguridad fronteriza e intensificar las redadas de indocumentados, especialmente de aquellos que pertenecen a bandas criminales o tienen delitos pendientes.

No obstante, la mayor intensidad de las redadas a afectado también a inmigrantes indocumentados sin antecedentes y con trabajos y que pagan impuestos.

Por el momento, la Administración de Trump no ha acabado con la acción diferida para niños inmigrantes indocumentados conocida como DACA al no considerar su rescisión prioritaria.

DAPA nunca fue implementado

DAPA es un amparo temporal para padres de ciudadanos y residentes permanentes legales anunciado por el presidente Barack Obama el 20 de noviembre de 2014. Protege de la deportación y ofrece un permiso de empleo para trabajar legalmente en el país por un periodo renovable de tres años.

El mémorandum de Obama sobre DAPA fue bloqueado por un juez federal en Texas después de que 26 estados presentaron una demanda contra el gobierno federal y desafiaron la legalidad del esfuerzo. Los republicanos calificaron el esfuerzo de “amnistía trasera” y argumentaron que Obama superó su autoridad al proteger una clase específica de inmigrantes que vivían ilegalmente en los Estados Unidos.

Con información de la opinión.com 

Trump y su oportunista maquinaria de deportaciones

Por Maribel Hastings

En esta disfuncional administración de Donald J. Trump quizá lo único que está operando como se había planificado es la maquinaria de deportaciones. A diario se nutre en gran medida de inmigrantes sin historial delictivo, porque no hay suficientes “bad hombres” entre la comunidad inmigrante para llenar las cuotas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Cada día se reporta de algún caso en el que las autoridades podrían ejercer discreción y sentido común, pero optan por la separación de familias. Prefieren deportar a padres y madres de familia, a los proveedores, dejando a una familia sin estabilidad emocional ni financiera. Como si eso no impactara no solo a las familias, sino a la comunidad y la economía.

Recuerdo las múltiples entrevistas que hice en Alabama en 2011 tras la implementación de la ley HB 56, que criminalizaba a los indocumentados, y en Arizona en 2010 en medio del caos de la SB 1070. Si un padre o una madre eran detenidos, siempre había un denominador común: se trataba de familias que teniendo hijos ciudadanos no dependían de ningún programa federal o estatal para su sustento. Eran familias que trabajaban, a veces tenían negocios propios, solventaban todos los gastos de sus hijos, pagaban impuestos, compraban casas, auspiciaban comercios, revivían comunidades y trabajaban en industrias clave para nuestra economía. Algunos de estos indocumentados eran cónyuges o padres de militares estadounidenses.

Al remover al padre o la madre de familia no solo se desestabilizaba la parte emocional, sino la económica. Y no solo para esa familia, sino para la economía de la comunidad inmediata y del estado. Recuerdo haber visitado negocios vacíos en Alabama porque los inmigrantes optaron por irse del estado. Recuerdo a los dueños de esos negocios lamentarse de una ley antiinmigrante que los dejó sin consumidores. Y recuerdo a agricultores lamentarse porque se quedaron sin la mano de obra experimentada para pizcar cosechas que en muchos casos se echaron a perder.

Lamentablemente no siempre se aprende de errores pasados, y ahora Texas le sigue los pasos a Arizona y Alabama con su propia versión de ley antiinmigrante y pro perfil racial, la SB 4. Los malos hábitos son difíciles de romper, sobre todo cuando a nivel federal somos gobernados por un antiinmigrante en jefe.

Por eso cuestiono que se hable de los indocumentados como si vivieran aparte, en un vacío; como si no constituyeran una parte intrínseca de familias, comunidades, economías, industrias; una parte intrínseca de esta nación.

Como si no fueran una de las piezas de nuestra propia seguridad. Pero esta administración ha implementado prácticas que ponen en juego esa seguridad que tanto dicen defender. Fomentando la colaboración entre policías locales y autoridades migratorias provoca que esos inmigrantes no reporten delitos de los cuales son víctimas o testigos, lo cual pone en riesgo la seguridad de todos. Esta administración también está fomentando que su fuerza de deportación incluso se presente a detener inmigrantes en los tribunales; en muchos casos, inmigrantes que no representaban prioridad de deportación en el gobierno de Obama y que se han presentado a sus citas con inmigración como lo estipulan las reglas solo para ser detenidos y eventualmente deportados.

Para nutrir la maquinaria de deportaciones, el gobierno de Trump actúa como el “bully” en la escuela. Se centra en los inmigrantes que están a la mano, a su disposición como, por ejemplo, los que tenían órdenes de deportación pero no necesariamente constituían una prioridad. La Prensa Asociada reportó que hay casi un millón de inmigrantes en esta situación y 82% de ellos no tienen historial delictivo.

Pero en nada debe sorprendernos que un gobierno liderado por un “bully” como Trump opte por estas tácticas, por presas fáciles, para alimentar su maquinaria de deportaciones.

Lo peor del caso y también lo más irónico es que sean funcionarios de dudosa reputación y potencialmente involucrados en asuntos truculentos, como Trump y algunos de sus “satélites”, embarrados en el Rusiagate, los que estén determinando qué constituye un ‘bad hombre’.

*Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice