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Departamento de Justicia anuncia más de $98 millones a programas policiales en todo el país

En aras de mejorar la seguridad comunitaria y para alentar la cooperación con los agentes de Inmigración, diversas ciudades de estados como California, Florida y Nueva York recibieron más de $98 millones de dólares en fondos federales para mejorar sus programas de contratación y capacitación de policías, informó este lunes el fiscal general, Jeff Sessions.

El Departamento de Justicia divulgó hoy la lista de 179 agencias policiales que recibieron un total de $98,495,397 en todo el país, que permitirá la contratación de 802 agentes policiales, según precisó Sessions.

Los fondos, derivados del programa de la “Oficina de Servicios Policiales Comunitarios” (“COPS”, por su sigla en inglés), facilitarán la contratación de policías, la implementación de “innovadoras estrategias policiales”, y más y mejor capacitación y asistencia técnica para miembros de la comunidad, y líderes de los gobiernos locales, explicó Sessions.

“Las ciudades y estados que cooperan con las autoridades policiales federales nos han hace más seguros a todos al ayudar a eliminar a criminales peligrosos de nuestras comunidades”, enfatizó el fiscal general.

Según un desglosado oficial, ciudades y entidades policiales de California recibieron poco más de $4,1 millones, incluyendo $1,8 millones para el Departamento de Policía de Sacramento, y un millón para el Condado de Alameda.

En Nueva York, la ciudad de Massena, y el Departamento de Policía de la Ciudad Johnson recibieron, cada uno, $250,000, y figuran entre los que menos fondos recibieron del Departamento de Justicia para estas lides.

En Florida, la ciudad de Miami, recibió $1,8 millones, y una cifra similar fue para la ciudad de Orlando; el Condado Metropolitano Dade recibió $3,1 millones, y la Oficina del Alguacil del Condado Orange, recibió $3,1millones, entre otras entidades.

La ciudad de Chicago recibió $3,1 millones, mientras que la Oficina del Alguacil del Condado Essex, en Nueva Jersey, recibió $1,8 millones.

Asimismo, las municipalidades de Caguas y Vega Baja, en Puerto Rico, recibieron $405,581 y $137,476, respectivamente.

Sessions, quien le ha declarado la guerra a las “ciudades santuario”, dijo que el 80% de los beneficiados con los fondos de “COPS” han acordado cooperar con las autoridades federales en el cumplimiento de las leyes migratorias.

Esa “cooperación”, continuó Sessions, incluye el proveer acceso a los agentes federales a los centros de detención para “entrevistar” a inmigrantes indocumentados, y dar aviso previo a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) antes de dejar en libertad a un detenido para su eventual trámite de deportación.

“Sigo alentando a cada jurisdicción en EEUU a que colabore con las autoridades policiales federales” en el combate “a los crímenes violentos, incluyendo los crímenes violentos derivados de la inmigración ilegal”, dijo Sessions.

El programa, modificado en septiembre pasado para premiar a las jurisdicciones que cooperen con ICE, ha desembolsado más de $14,000 millones para programas policiales comunitarios desde 1994, según el Departamento de Justicia.

Fuente: laopinión.com

ICE detiene a joven con discapacidad protegido con DACA

UUn “Dreamer” de 20 años de edad protegido con estado de Acción Diferida (DACA) ha estado en detención de ICE por un mes, a pesar de las promesas del presidente Trump de no perseguir a jóvenes bajo ese programa.

Felipe Abonza-López, quien tienen una pierna prosética desde niño, y sus defensores dicen que fue detenido, a pesar de no tener antecedentes penales, cuando viajaba en un automóvil con familiares indocumentados, publicó el Huffigton Post.

La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confirmó que se tiene bajo arresto al joven DACA, y dijeron que el hecho se dio como parte “de una investigación en curso sobre tráfico humano”. El estado del receptor será revisado en una audiencia de inmigración, dijo en un comunicado el Jefe de Patrulla Fronteriza, Félix Chavez.

Amy Fischer, la directora de política de RAICES, que está colaborando con el caso de Abonza-López, dijo que no estaba contrabandeando y que no se lo ha acusado de nada.

“Si CBP está tratando de criminalizar a los beneficiarios de DACA con familias de estatus mixto por conducir en un automóvil con sus familiares indocumentados, eso es totalmente injusto”, dijo en un correo electrónico.

Abonza-Lopez es uno de los casi 700,000 jóvenes inmigrantes indocumentados que tienen permisos de trabajo de dos años bajo el programa DACA; llegó a los Estados Unidos desde México a la edad de 5 años, y su Acción Diferida expira en mayo de 2019, por lo que debería estar protegido, dijo Fischer.

Si bien es posible perder el estatus de DACA por ciertos crímenes o por la actividad de pandillas, Abonza-Lopez no tiene antecedentes penales y su estado no ha sido revocado, dijo.

“Sabemos que ICE intentará detener y deportar a las personas que tienen DACA, siempre y cuando nadie esté prestando atención”, alertó Fischer.

Vía la opinión.

Trump y su oportunista maquinaria de deportaciones

Por Maribel Hastings

En esta disfuncional administración de Donald J. Trump quizá lo único que está operando como se había planificado es la maquinaria de deportaciones. A diario se nutre en gran medida de inmigrantes sin historial delictivo, porque no hay suficientes “bad hombres” entre la comunidad inmigrante para llenar las cuotas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Cada día se reporta de algún caso en el que las autoridades podrían ejercer discreción y sentido común, pero optan por la separación de familias. Prefieren deportar a padres y madres de familia, a los proveedores, dejando a una familia sin estabilidad emocional ni financiera. Como si eso no impactara no solo a las familias, sino a la comunidad y la economía.

Recuerdo las múltiples entrevistas que hice en Alabama en 2011 tras la implementación de la ley HB 56, que criminalizaba a los indocumentados, y en Arizona en 2010 en medio del caos de la SB 1070. Si un padre o una madre eran detenidos, siempre había un denominador común: se trataba de familias que teniendo hijos ciudadanos no dependían de ningún programa federal o estatal para su sustento. Eran familias que trabajaban, a veces tenían negocios propios, solventaban todos los gastos de sus hijos, pagaban impuestos, compraban casas, auspiciaban comercios, revivían comunidades y trabajaban en industrias clave para nuestra economía. Algunos de estos indocumentados eran cónyuges o padres de militares estadounidenses.

Al remover al padre o la madre de familia no solo se desestabilizaba la parte emocional, sino la económica. Y no solo para esa familia, sino para la economía de la comunidad inmediata y del estado. Recuerdo haber visitado negocios vacíos en Alabama porque los inmigrantes optaron por irse del estado. Recuerdo a los dueños de esos negocios lamentarse de una ley antiinmigrante que los dejó sin consumidores. Y recuerdo a agricultores lamentarse porque se quedaron sin la mano de obra experimentada para pizcar cosechas que en muchos casos se echaron a perder.

Lamentablemente no siempre se aprende de errores pasados, y ahora Texas le sigue los pasos a Arizona y Alabama con su propia versión de ley antiinmigrante y pro perfil racial, la SB 4. Los malos hábitos son difíciles de romper, sobre todo cuando a nivel federal somos gobernados por un antiinmigrante en jefe.

Por eso cuestiono que se hable de los indocumentados como si vivieran aparte, en un vacío; como si no constituyeran una parte intrínseca de familias, comunidades, economías, industrias; una parte intrínseca de esta nación.

Como si no fueran una de las piezas de nuestra propia seguridad. Pero esta administración ha implementado prácticas que ponen en juego esa seguridad que tanto dicen defender. Fomentando la colaboración entre policías locales y autoridades migratorias provoca que esos inmigrantes no reporten delitos de los cuales son víctimas o testigos, lo cual pone en riesgo la seguridad de todos. Esta administración también está fomentando que su fuerza de deportación incluso se presente a detener inmigrantes en los tribunales; en muchos casos, inmigrantes que no representaban prioridad de deportación en el gobierno de Obama y que se han presentado a sus citas con inmigración como lo estipulan las reglas solo para ser detenidos y eventualmente deportados.

Para nutrir la maquinaria de deportaciones, el gobierno de Trump actúa como el “bully” en la escuela. Se centra en los inmigrantes que están a la mano, a su disposición como, por ejemplo, los que tenían órdenes de deportación pero no necesariamente constituían una prioridad. La Prensa Asociada reportó que hay casi un millón de inmigrantes en esta situación y 82% de ellos no tienen historial delictivo.

Pero en nada debe sorprendernos que un gobierno liderado por un “bully” como Trump opte por estas tácticas, por presas fáciles, para alimentar su maquinaria de deportaciones.

Lo peor del caso y también lo más irónico es que sean funcionarios de dudosa reputación y potencialmente involucrados en asuntos truculentos, como Trump y algunos de sus “satélites”, embarrados en el Rusiagate, los que estén determinando qué constituye un ‘bad hombre’.

*Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice

ICE retoma “redadas” y detiene a 70 en dos estados

Los agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) retomaron las “redadas” y en tres días detuvieron a 70 personas en Dallas y Oklahoma.
En la últimas semanas, “La Migra” había estado reportando la detención de algunos inmigrantes, principalmente criminales, pero en esta ocasión su operativo derivó en un mayor número de personas, de los cuales 64 son hombres y seis mujeres.
“Los extranjeros arrestados durante esta operación tenían órdenes de deportación por haber reingresado ilegalmente a los Estados Unidos después de haber sido deportados, hay personas que tienen que cumplir sentencia por algún crimen. Otras personas arrestadas durante esta operación fueron enteradas de sus procedimientos de deportación o están pendientes de su procedimiento para ser expulsados”, aseguró la Oficina en un comunicado.

Cuatro fueron las personas más peligrosas, que fueron arrestadas por agentes de la Oficina de Detención y Deportación (ERO, en inglés).
Sobre las nacionalidades, 62 son mexicanos y el resto de Cuba, Guatemala, El Salvador, Corea, Zimbabwe y Sri Lanka.

“Los agentes de ICE – ERO hacen esfuerzos extraordinarios para proteger a nuestras comunidades, y estas operaciones de Estados Unidos sólo un pequeño ejemplo de lo que se hacen todos los días”, indicó Simon Flores, director de la ERO Dallas.

Aseguró que sus operativos se enfocan en los más “atroces delincuentes”.

“Estas acciones enfocan nuestros recursos en los más atroces delincuentes y promueven la seguridad pública en las comunidades en donde vivimos y trabajamos“, agregó Flores.

De los detenidos, “La Migra” destacó a cuatro mexicanos de 27, 28, 34 y 40 años de edad, uno en posesión de una sustancia controlada y manejando en estado de ebriedad, otro que se resistió a ser detenido y que iba armado, uno más que ya había sido deportado e iba armado y el cuarto integrante de una banda llamada Eastside Homeboys en Dallas.

En febrero, luego de la firma de órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump contra indocumentados, agentes de ICE intensificaron sus redadas en varios estados, como California, Illinois, Nueva Jersey y Nueva York, deteniendo a 400 personas al día en promedio, considerando 41,318 inmigrantes capturados, de los cuales 63.5 por ciento son mexicanos.
La última detención numerosa se dio a principios de mayo, cuando se capturó a 200 personas en Los Angeles, California.
Con información de laopinion.com