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Lastimarse en el trabajo pondría a inmigrantes indocumentados en riesgo de deportación

Una orden ejecutiva migratoria del presidente Donald Trump, acoplada a ciertas leyes estatales, daría luz verde a la delación y deportación de trabajadores indocumentados que sufran lesiones en el trabajo y soliciten beneficios de compensación laboral,  advirtieron este jueves activistas.

La orden ejecutiva del pasado 25 de enero permite que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) persiga a inmigrantes indocumentados implicados en cualquier tipo de “fraude” –incluyendo el uso de documentos falsos y reclamos con documentos falsos-, por lo que agencias estatales encargadas de procesar beneficios de compensación laboral podrían denunciarlos ante las autoridades de Inmigración.

“Acá vemos muchos casos de robo de salario, accidentes laborales, y otras formas de injusticia contra los trabajadores. Muchos se callan cuando sufren lesiones por temor, porque sus empleadores les dicen que son amigos del presidente (Donald) Trump y, aunque no lo sean, eso los intimida”, dijo a este diario Jeanette Smith, directora ejecutiva del “South Florida Interfaith Worker Justice” (SFIWJ, en inglés).

La orden ejecutiva “ciertamente va a agravar una situación ya de por sí mala en Florida”, advirtió.

En la mayoría de los casos, los formularios de compensación laboral en las agencias estatales o consultorios médicos exigen la presentación de un número de Seguridad Social, lo que aumenta el riesgo de que los inmigrantes indocumentados queden expuestos a la delación o represalias.

Ese fue el caso de José Flores, un inmigrante hondureño indocumentado que fue arrestado por ICE en Massachusetts en mayo pasado después de que sufriera una caída y solicitara compensación de la empresa de construcción, Tara Construction, para la que trabajaba.

Paradójicamente, leyes estatales en Massachusetts y la mayoría de los estados, además de varios tribunales federales, han reafirmado el derecho de todo trabajador a ese beneficio, sin importar su estatus migratorio.

Datos del Departamento de Seguridad Nacional indican que los trabajadores indocumentados conforman el 3,5% de la población en Estados Unidos, y en estados como California son el 10% de su fuerza laboral.

En general, se calcula que hay ocho millones de trabajadores indocumentados en la fuerza laboral de Estados Unidos.

Sin que sorprenda, varios estudios han demostrado que los trabajadores indocumentados figuran entre los grupos más vulnerables a lesiones en los sitios de empleo, particularmente en sectores de la economía que más dependen de su mano de obra, como agricultura, construcción y servicios.

En el año fiscal 2015, Florida, Texas y California encabezaron la lista de estados con mayores accidentes laborales. Ese año, hubo un total de 4,836 accidentes mortales en sitios de empleo en todas las industrias, según un estudio de SFIWJ, que usó datos del Departamento del Trabajo.

¿Los protege la ley?

Las leyes federales prohíben la contratación de inmigrantes indocumentados, so pena de multas y fuertes sanciones para las empresas.

Valiéndose del “Acta para la Reforma y Control de Inmigración” (IRCA, por su sigla en inglés), algunos empleadores han intentado privar a empleados indocumentados de una compensación laboral por sus lesiones, argumentando que éstos no son legales y, por lo tanto, no son elegibles para ese beneficio.

Sin embargo, la mayoría de los estados, incluyendo Arizona, Arkansas, California, Colorado, Carolina del Norte, Tennessee, Texas y Hawaii, han adoptado leyes que expresamente permiten a los trabajadores “sin papeles” el derecho a la compensación laboral, conocida en inglés como “workmans compensation”.

Pero los hay que, según Smith, “tratan a los trabajadores indocumentados como desechables, porque piensan que pueden reemplazarlos fácilmente con otros”.

“Hay empleadores que abusan de sus trabajadores, que los intimidan y privan de sus salarios o beneficios, pero esa ganancia es poca y breve, porque deberían pensar en el gasto de capacitar a otros empleados, y en el impacto en la moral de los trabajadores”, señaló Smith, que recetó una reforma migratoria integral que regularice a los indocumentados y “nivele la cancha de juego” para todos los trabajadores.

Cortesía de laopinion.com

Trump y su oportunista maquinaria de deportaciones

Por Maribel Hastings

En esta disfuncional administración de Donald J. Trump quizá lo único que está operando como se había planificado es la maquinaria de deportaciones. A diario se nutre en gran medida de inmigrantes sin historial delictivo, porque no hay suficientes “bad hombres” entre la comunidad inmigrante para llenar las cuotas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Cada día se reporta de algún caso en el que las autoridades podrían ejercer discreción y sentido común, pero optan por la separación de familias. Prefieren deportar a padres y madres de familia, a los proveedores, dejando a una familia sin estabilidad emocional ni financiera. Como si eso no impactara no solo a las familias, sino a la comunidad y la economía.

Recuerdo las múltiples entrevistas que hice en Alabama en 2011 tras la implementación de la ley HB 56, que criminalizaba a los indocumentados, y en Arizona en 2010 en medio del caos de la SB 1070. Si un padre o una madre eran detenidos, siempre había un denominador común: se trataba de familias que teniendo hijos ciudadanos no dependían de ningún programa federal o estatal para su sustento. Eran familias que trabajaban, a veces tenían negocios propios, solventaban todos los gastos de sus hijos, pagaban impuestos, compraban casas, auspiciaban comercios, revivían comunidades y trabajaban en industrias clave para nuestra economía. Algunos de estos indocumentados eran cónyuges o padres de militares estadounidenses.

Al remover al padre o la madre de familia no solo se desestabilizaba la parte emocional, sino la económica. Y no solo para esa familia, sino para la economía de la comunidad inmediata y del estado. Recuerdo haber visitado negocios vacíos en Alabama porque los inmigrantes optaron por irse del estado. Recuerdo a los dueños de esos negocios lamentarse de una ley antiinmigrante que los dejó sin consumidores. Y recuerdo a agricultores lamentarse porque se quedaron sin la mano de obra experimentada para pizcar cosechas que en muchos casos se echaron a perder.

Lamentablemente no siempre se aprende de errores pasados, y ahora Texas le sigue los pasos a Arizona y Alabama con su propia versión de ley antiinmigrante y pro perfil racial, la SB 4. Los malos hábitos son difíciles de romper, sobre todo cuando a nivel federal somos gobernados por un antiinmigrante en jefe.

Por eso cuestiono que se hable de los indocumentados como si vivieran aparte, en un vacío; como si no constituyeran una parte intrínseca de familias, comunidades, economías, industrias; una parte intrínseca de esta nación.

Como si no fueran una de las piezas de nuestra propia seguridad. Pero esta administración ha implementado prácticas que ponen en juego esa seguridad que tanto dicen defender. Fomentando la colaboración entre policías locales y autoridades migratorias provoca que esos inmigrantes no reporten delitos de los cuales son víctimas o testigos, lo cual pone en riesgo la seguridad de todos. Esta administración también está fomentando que su fuerza de deportación incluso se presente a detener inmigrantes en los tribunales; en muchos casos, inmigrantes que no representaban prioridad de deportación en el gobierno de Obama y que se han presentado a sus citas con inmigración como lo estipulan las reglas solo para ser detenidos y eventualmente deportados.

Para nutrir la maquinaria de deportaciones, el gobierno de Trump actúa como el “bully” en la escuela. Se centra en los inmigrantes que están a la mano, a su disposición como, por ejemplo, los que tenían órdenes de deportación pero no necesariamente constituían una prioridad. La Prensa Asociada reportó que hay casi un millón de inmigrantes en esta situación y 82% de ellos no tienen historial delictivo.

Pero en nada debe sorprendernos que un gobierno liderado por un “bully” como Trump opte por estas tácticas, por presas fáciles, para alimentar su maquinaria de deportaciones.

Lo peor del caso y también lo más irónico es que sean funcionarios de dudosa reputación y potencialmente involucrados en asuntos truculentos, como Trump y algunos de sus “satélites”, embarrados en el Rusiagate, los que estén determinando qué constituye un ‘bad hombre’.

*Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice

ICE retoma “redadas” y detiene a 70 en dos estados

Los agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) retomaron las “redadas” y en tres días detuvieron a 70 personas en Dallas y Oklahoma.
En la últimas semanas, “La Migra” había estado reportando la detención de algunos inmigrantes, principalmente criminales, pero en esta ocasión su operativo derivó en un mayor número de personas, de los cuales 64 son hombres y seis mujeres.
“Los extranjeros arrestados durante esta operación tenían órdenes de deportación por haber reingresado ilegalmente a los Estados Unidos después de haber sido deportados, hay personas que tienen que cumplir sentencia por algún crimen. Otras personas arrestadas durante esta operación fueron enteradas de sus procedimientos de deportación o están pendientes de su procedimiento para ser expulsados”, aseguró la Oficina en un comunicado.

Cuatro fueron las personas más peligrosas, que fueron arrestadas por agentes de la Oficina de Detención y Deportación (ERO, en inglés).
Sobre las nacionalidades, 62 son mexicanos y el resto de Cuba, Guatemala, El Salvador, Corea, Zimbabwe y Sri Lanka.

“Los agentes de ICE – ERO hacen esfuerzos extraordinarios para proteger a nuestras comunidades, y estas operaciones de Estados Unidos sólo un pequeño ejemplo de lo que se hacen todos los días”, indicó Simon Flores, director de la ERO Dallas.

Aseguró que sus operativos se enfocan en los más “atroces delincuentes”.

“Estas acciones enfocan nuestros recursos en los más atroces delincuentes y promueven la seguridad pública en las comunidades en donde vivimos y trabajamos“, agregó Flores.

De los detenidos, “La Migra” destacó a cuatro mexicanos de 27, 28, 34 y 40 años de edad, uno en posesión de una sustancia controlada y manejando en estado de ebriedad, otro que se resistió a ser detenido y que iba armado, uno más que ya había sido deportado e iba armado y el cuarto integrante de una banda llamada Eastside Homeboys en Dallas.

En febrero, luego de la firma de órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump contra indocumentados, agentes de ICE intensificaron sus redadas en varios estados, como California, Illinois, Nueva Jersey y Nueva York, deteniendo a 400 personas al día en promedio, considerando 41,318 inmigrantes capturados, de los cuales 63.5 por ciento son mexicanos.
La última detención numerosa se dio a principios de mayo, cuando se capturó a 200 personas en Los Angeles, California.
Con información de laopinion.com